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LAS COOPERATIVAS DE VENEZUELA

A partir del año 2.000 comenzó un proceso desbordado de legalización de cooperativas sin mediar procesos educativos ni proyectos productivos, promovidas por el gobierno como parte fundamental de sus misiones político-sociales. Los números que da la Superintendencia Nacional de Cooperativas son confusos: van desde un máximo de 155.000 legalizadas, pasando por 131.581, llegando a un mínimo de 118.000 cooperativas con hasta 1.500.000 asociados (generalmente cabezas de familia). Afirma que el 5.2% del empleo lo generan las cooperativas, pero se desconoce el número detallado de empleos, volumen de operaciones, capital cooperativizado, valor agregado, etc.

Sin embargo, los datos preliminares del Censo cooperativo de 2006 arroja 37.552 cooperativas (no cuentan las de la misión “vuelvan caras”, sin saberse porqué razón) lo que indica que subsiste un 28 % de las cooperativas legalizadas y han fracasado el 72% (96.480 entidades) lo que significa que 1.080.000 familias han sufrido un impacto negativo directo por la desaparición de las cooperativas que de alguna manera conformaron.

2. Características:

En términos generales, las cooperativas recientes (después del 2000) que funcionan en el país se encuentran irregularmente distribuidas dentro del territorio nacional, estando concentradas la mayor parte de ellas en algunas zonas del país (región centro-norte costera); desarrollan sus actividades económicas en el sector de los servicios (más del 75%) y poco en la producción; son de muy pequeño tamaño en cuanto al numero de asociados (5 en promedio) lo que dificulta que sean consideradas como empresas verdaderamente rentables; están casi absolutamente infracapitalizadas por parte de sus asociados, dependiendo en su totalidad del financiamiento público; no cuentan con asistencia técnica efectiva, de proyectos productivos, de programas de educación y de entrenamiento profesional serios, de plan de negocios, ni de mecanismos de comercialización de sus productos; sufren de una gravísima carencia de integración entre ellas, lo que les impide ejercer la fuerza que organizadamente podrían tener; y carecen de real autonomía, dependiendo de las políticas, planes y financiamiento del gobierno, quien las utiliza para implementar sus programas de corte populista.

3. Marco legal

Aunque la Constitución de 1999 otorga a las cooperativas un marco constitucional de real avanzada, sin embargo, la ley que las rige (Ley Especial Asociaciones Cooperativas) adolece de graves errores de concepción, a saber: la forma básica de todas las cooperativas (incluidas las de obtención de servicios) está sesgada hacia un modelo cooperativo de trabajo colectivo igualitario (modelo Cecosesola, por cierto, exitoso en Barquisimeto) pero de no aceptación mayoritaria en el resto del país; se separa de los principios universales de la cooperación al aceptar sistemas de votación diferentes al personal, imponer el carácter igualitario y no equitativo de los recursos económicos y permitir el reparto de retornos en proporción al capital. Caracteriza a una entidad como cooperativa no por el cumplimiento de los principios, sino por el hecho de no tener asalariados permanentes y no distribuir entre los asociados los excedentes de operaciones con terceros, lo que –por cierto- es de incumplimiento general.

Además, el ordenamiento jurídico prohíbe a las cooperativas efectuar operaciones bancarias, actuar como entes aseguradores, manejar fideicomisos y obtener concesiones mineras y de operaciones en zonas francas, entre otras limitantes.

La Ley de los Concejos Comunales crea unos Bancos Comunales bajo la forma de cooperativas, operadores financieros de los mismos, sin la menor autonomía ni poder de decisión propio, el que está centralizado en la Presidencia de la República, y los que deberían haber adoptado la forma jurídica de fundaciones, más adaptadas a sus requerimientos.

4. Modelos cooperativos:

Podríamos decir que en la actualidad hay cinco modelos de cooperativas en el país:<

a) Las tradicionales: constituyen la continuidad de las existentes antes del 2000, muchas de las cuales tienen más de 30 años funcionando y que no han experimentado cambios significativos en su actividad. Muy pocas de ellas han querido recibir financiamiento gubernamental en razón de querer mantener su autonomía e independencia;

b) Las mercantiles, también llamadas “de maletín” constituidas como migraciones de empresas mercantiles que emplean la forma cooperativa para obtener financiamiento público no reembolsable, sin proyecto y muchas veces sin garantías. Obtienen créditos por amiguismo o mediante otras formas no muy respetables que digamos;

c) Las simuladoras de cooperativas de trabajo asociado, utilizadas por empresarios tanto del sector público como empresas privadas para precarizar el trabajo asalariado y restar fuerza al sindicalismo organizado:

d) Las revolucionarias, constituidas por iniciativa de dependencias públicas de toda índole para la tercerización de la prestación de servicios de baja tecnología y de alto empleo, que constituyen verdaderos mecanismos de encuadramiento partidario de sectores populares “anteriormente excluidos”, según el lenguaje en boga;

e) En el medio agrario, cooperativas colectivas para la producción de recursos agroalimentarios de consumo básico, de rentabilidad nula y de muy corta duración, ya que son escasamente financiadas (solamente lo han sido un 15% de ellas según estadísticas públicas) y no tienen canales de comercialización propios con lo que se diluyen sus esfuerzos.

Dentro de todas ellas, ciertamente hay un número aún no determinado –aunque minoritario- que funcionan regularmente y pueden ser consideradas como verdaderas cooperativas.

5. Fomento

a) El financiamiento ha sido el eje central del fomento cooperativo por parte del gobierno, ejecutado por muy diversas entidades públicas, sin una política nacional central o unitaria, ni mecanismos o condiciones crediticias similares. En mayoría de los casos en que se obtiene el financiamiento público no se tiene un proyecto definido ni las capacidades empresariales requeridas, al punto que se podría decir que las cooperativas están siendo sepultadas en urnas de plata con paletadas de oro;

b) No ha dado el resultado esperado priorizar las cooperativas en las contrataciones que requieren los entes públicos como mecanismo de fomento, tanto porque los funcionarios muchas veces prefieren contratar con empresas privadas de su confianza, por la exigencia de condiciones imposibles de cumplir (moral y financieramente), por tratarse de contratos de corta duración y, o de menor envergadura, o por darse una competencia desleal con bienes y servicios suministrados por otras dependencias oficiales, muchas veces con productos subvencionados por el propio gobierno, cuando no importados por el mismo;

c) La participación de las cooperativas en licitaciones no deja de ser una quimera, entre otros, por la exigencia de requisitos imposibles de cumplir para la casi totalidad ellas;

d) No se han desarrollado programas adecuados y masivos de educación cooperativa, siendo los pocos instrumentados superficiales, no pertinentes, con personal docente de baja calificación y uso de recursos didácticos inadecuados. No se ha querido contar con la colaboración ofrecida de centros universitarios de comprobada capacidad y de expertos nacionales. Antes, por el contrario, se ha dado prioridad a la participación de “expertos” extranjeros con experiencias no repetibles y no se sabe a que costo;

e) La promoción de las cooperativas ha sido apresurada en demasía, buscándose altos resultados numéricos por complacencia política, antes que la creación de verdaderas empresas asociativas. La mayor parte de los funcionarios que actuaron en ello, lo hicieron con buena voluntad y con sacrificios notables, pero sin la menor posibilidad de obtener resultados positivos, dada su nula capacitación técnica en materia de cooperativismo.

6. Control público:

La instrumentación de un efectivo sistema de fiscalización pública ha sido una de las debilidades estructurales de un verdadero desarrollo cooperativo. La Superintendencia Nacional de Cooperativas no estaba en capacidad de atender la demanda de supervisión que se le vino encima, y en los primeros 5 años del “boom cooperativo” no se adoptaron medidas tendientes a ponerla en condiciones de ejercer un mínimo sistema de control de las mismas, ni siquiera con la utilización de la infraestructura organizativa que tenía instalado el sector cooperativo a través de sus organismos de integración, utilizable como “mecanismos auxiliares de supervisión” tal y como lo contempla la ley.

Tan reducida es la capacidad de control del Estado sobre las cooperativas que según los datos suministrado por la Superintendencia para el año en curso (2.006) de 131.581 existentes, sólo 3.394 serán supervisadas, lo que representa un 2.54% de ellas. En cuanto a la Certificación de cumplimiento de las condiciones para gozar de beneficios públicos, en el año han sido otorgadas 300, lo que representa el 0.22% del total de cooperativas.

De otra parte, se puede tener dudas razonables acerca de la calificación profesional del personal de supervisión, así como de su localización geográficamente cercana a las cooperativas. En relación el financiamiento de la entidad de control, ha sido históricamente reducido, situación que –lamentablemente- no pareciera tener visos de cambiar.

7. Propuestas:

Por todo lo anterior, nos permitimos proponer a las autoridades nacionales que resulten ganadoras en el proceso electoral, se adopten medidas efectivas en relación con las cooperativas, constantes cuando menos de:

a) La creación de un Instituto Público no estatal de Fomento del Cooperativismo y de la Economía Social, dotado de autonomía funcional, dirigido por representantes (electos democráticamente) de las Cooperativas, Cajas de Ahorro, Institutos de Previsión Social y demás Empresas de Participación, encargado de definir e implementar una política de Estado respecto del sector social y coordinar las acciones de los entes públicos relacionados con el mismo;

b) Creación de una Institución Financiera de tercer piso del propio Sector que centralice los recursos financieros excedentes del sector social y asuma el cofinanciamiento -con recursos del Estado y del propio sector- de los proyectos productivos y de integración del mismo, de acuerdo con las políticas y prioridades definidas por el Instituto de Fomento al que estaría adscrito;

c) Dar un efectivo apoyo financiero a los programas de investigación y capacitación sobre cooperativismo y Economía Social de las universidades nacionales autónomas, priorizando la formación de alto nivel de los recursos humanos del propio sector, especialmente mediante estudios a distancia;

d) Fusionar y dotar de personal técnico –fundamentalmente procedente del Sector Social- y de recursos financieros suficientes, las Superintendencias de Cooperativas y de Cajas de Ahorro actualmente separadas, para que ejerzan eficaz y temporalmente en forma unitaria el control público de las entidades de economía social;

e) Establecer un calendario preciso y un plan de transferencia de sus competencias y recursos, a los organismos especializados de integración del propio sector para que asuman progresivamente el ejercicio “en cascada” del autocontrol;

f) Impulsar la aprobación -en forma participativa- de una Ley Orgánica de la Economía Social que contemple las diversas formas asociativas que la componen, respetando su identidad y principios, y que propenda a su articulación como un autentico sector económico-social;

g) Igualmente, la conversión de los Institutos de Previsión Social (públicos y privados) en asociaciones mutuales de carácter democrático que asuman la prestación de la seguridad social complementaria del Seguro Social universal y obligatorio, a sus asociados.”

*Mérida, noviembre de 2006

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4 Responses to LAS COOPERATIVAS DE VENEZUELA

  1. largo plazo dice:

    largo plazo…

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  2. Ricardo y maikel dice:

    Hola compañero somos dos amigos españoles que estamos interesados en el “boom cooperativo” de venezuela y quisieramos saber del tema.

    Para empezar quisieramos saber si hay un límite máximo o mínimo de socios,
    si existe control público de la cooperativa,
    si es necesario constituir órganos como la asamblea,como es el consejo administrativo o la comisión de vigilancia,
    como han de integrarse los nuevos socios, han de aportar un capital o no, y de no aportarlo quizás sean considerados asalariado, cosa que no queremos
    Si es necesario aportar un capital mínimo para formar la cooperativa, por ejemplo, si queremos formar una empresa de forma conjunta/colectiva entre los dos en nuestra casa vendiendo ropa a domicilio.
    Y de comprar un local, quisieramos saber si hay libertad para cada uno aporte lo que quiera y en tal caso el que aporte mas ¿se llevaría mas parte en los beneficios?
    Nos gustaría además saber que nivel jurídico tiene la figura de asociado, es acaso considerado dueño asociado, de ser así porque en algunas cooperativas se a despedido a asociados, ya que nosotros queremos formar una forma de empresa colectiva en la cual nadie pueda expulsar a nadie, sino que cada miembro haya entrado de forma libre y sea el el que decida irse por voluntad propia
    Otro aspecto es el reparto de beneficios, ¿como está la ley al respecto?, los beneficios ¿se distribuyen de forma igualitaria, en proporción al capital aportado o en funcion al trabajo realizado por asociado?
    Agradeceríamos que nos informases al respecto, sobre las limitaciónes y libertades de las cooperativas en venezuela y si el modelo de cooperativa que tenemos en mente es viable en le país.

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  4. maria dice:

    hola con la nueva providencia de sunacopp se exige que se coloque en el reglamento interno lo siguiente:ARTICULO 11. El Fondo de Protección Social se rige por los principios de equidad, justicia, transparencia, interés colectivo y solidaridad.
    ARTÍCULO 12. Las Asociaciones Cooperativas y Organismos de Integración deberán prever en el reglamento interno las normas atinentes al alcance y uso del Fondo de Protección Social, debiendo abarcar los siguientes aspectos:
    a. Determinar las situaciones o casos que va incluir la protección social de la Asociación Cooperativa y Organismo de Integración.
    b. Determinar las condiciones y montos a imputar al Fondo de Protección Social, según la contingencia.
    c. Determinar el tipo de mecanismo de servicio de salud a implementar (propio, público, privado)
    d. Las condiciones, requisitos y procedimientos que deben cumplirse para cada caso.
    e. La regulación de casos, condiciones y anticipos a que hace referencia el artículo 19 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (edad, incapacidad, fuerza mayor), propendiendo a que los asociados puedan conservar el nivel de vida que lograrían por su asociación y participación en la Cooperativa.
    f. El procedimiento o trámite que debe aplicarse para su uso.
    ARTICULO 13. Las Asociaciones Cooperativas y Organismos de Integración deberán señalar en el reglamento interno los casos especiales que referidos a la protección social serán cubiertos con el Fondo de Protección Social y, aquellos que serán cubiertos con los ingresos ordinarios de acuerdo al plan anual de actividades y presupuesto.

    sera que me puedes ayudar a especificar cada uno dentro de mi reglamento, no tengo idea de como hacerlo gracias.

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